El proyecto de ley antiterrorista Bill C-51, Anti-terrorism Act, 2015 de Canadá ha pasado su último trámite de lectura en el parlamento (183 votaciones a favor, 96 en contra), y se ha enviado al senado canadiense para su aprobación final. La nueva ley (Bill C-51, texto completo) quiere dotar de mayores atribuciones y poderes a los servicios de inteligencia canadienses, CSIS, lo que supondría una merma en las libertades civiles de los ciudadanos. Según el texto, los servicios de inteligencia podrán operar dentro y fuera de territorio canadiense. Se les autoriza a tomar medidas contra ‘actividades que constituyan un peligro para la seguridad de Canadá’. Las medidas no podrán vulnerar las leyes canadienses ‘a no ser que se les autorice por escrito’ en ventanas de 120 días y con objetivos delimitados. El proyecto de ley menciona de manera explícita que estará prohibido causar de manera intencionada ‘daños físicos o la muerte a un individuo’ así como ‘violar la integridad sexual’ de los sospechosos. El delito de promoción o apoyo del terrorismo pasará a tener un seguimiento especial. Los jueces podrán ordenar la retirada o bloqueo de material de internet considerado como propaganda terrorista. Las inspecciones en las fronteras aumentarán para requisar escritos, símbolos y grabaciones que se consideren propaganda terrorista; para ello, se podrá inspeccionar tanto el equipaje como las computadoras y teléfonos de los viajeros. Se establece una lista negra de ciudadanos que no podrán usar el avión en sus viajes por ser sospechosos de colaborar con terroristas; las razones para incluir a un ciudadano en la lista pasan de ‘riesgo inminente’ a ‘sospechas razonables’. Los manifestantes que participen en protestas que afecten a infraestructuras críticas o a la estabilidad económica de Canadá podrán convertirse en sujetos de vigilancia especial. Finalmente, se compartirá información confidencial entre casi una veintena de instituciones gubernamentales por motivos amplios, siendo el terrorismo sólo uno de ellos. Y todo ello redactado con la habitual ambigüedad y falta de mecanismos de control y transparencia utilizados en leyes análogas en otros países.