Este martes 10 de marzo me disponía a comer una ensaladilla, sentado delante de mi televisor, cuando una noticia ha taladrado mis pupilas en diversos canales de TV españoles. Se trata de la presentación en sociedad del informe Observatorio de la piratería 2014, un panfleto que redacta todos los años la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, asociación que agrupa a las principales asociaciones de gestión de derechos de autor de contenidos digitales en España (SGAE, Promusicae, et al.). En televisión, tres oradores en una mesa comentaban las cuitas del negocio de contenidos digitales en España: Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores e industrias de contenido; Iñigo Palau, director de la unidad de negocios de GfK (compañía de investigación de mercados que ha elaborado los datos, este y otros años); e Ignacio Martínez Trujillo, director de proyectos estratégicos de la LFP (Liga de Fútbol Profesional). Las «ideas fuerza» del estudio son las habituales: el 87,94% de los contenidos digitales consumidos en España proceden de descargas ilegales; el porcentaje de consumidores españoles que accedió en 2014 a contenidos ilegales fue del 58%, frente al 51% del año anterior; un escenario sin piratería permitiría crear 29.360 nuevos puestos de trabajo directos y unos ciento cincuenta mil empleos indirectos.